La semana pasada fuimos testigos, a través de la televisión, de la conmovedora historia de una mujer de 80 años que estuvo 2 décadas olvidada en una pieza en Iquique. Su sufrimiento “invisible” debiera dejarnos sin dormir, porque no se trata de un caso aislado, sino de la muerte lenta de miles de adultos mayores en nuestro país, en tiempo real.
Esta semana fuimos nuevamente remecidos por la vulnerabilidad en que viven y mueren los adultos mayores más pobres de nuestro país: nueve de ellos fallecieron atrapados en un incendio al interior de una residencia en Cañete.
Chile envejece físicamente -en 2025 habrá más adultos mayores que jóvenes- pero lo que es más grave, se nos envejece el alma cuando confinamos en la soedad y en la miseria a los mismos que nos dieron la vida.
¿Es justo abandonar al progenitor en la pobreza? Según la Encuesta de Derechos y Ciudadanía de la Corporación Genera, el 52% de los chilenos se siente desprotegido para enfrentar una vejez digna. Nos vendrá bien recordar que nosotros también seremos adultos mayores. Requerimos, por tanto, una política pública que garantice el cuidado integral de aquellos que suframos pobreza, riesgo de exclusión o dependencia.
Por experiencia sabemos que la familia es el mejor medio para cuidar la salud física y mental de un adulto mayor. Cuándo ésta no puede asumir sola esa responsabilidad, es necesario ofrecerle recursos y contención, a través de dispositivos sociales y comunitarios que le faciliten el cuidado de sus "viejos".
Somos testigos de que cuando las personas mayores permanecen insertas en la comunidad, mejoran considerablemente su calidad de vida, retrasando su deterioro físico y mental.
En este sentido, los programas ambulatorios -como centros diurnos o programas de apoyo domiciliario- son una alternativa que vale la pena impulsar.
Estos dispositivos cumplen un rol de alerta y prevención de situaciones de vulneración de derechos (como abuso, negligencia o abandono) y su costo es 5 a 6 veces menor que la estadía en una residencia. Al mismo tiempo, permiten que ellos sigan siendo un aporte en la construcción de la cultura del barrio en el que viven. La última alternativa debiera ser la residencia, que debe limitarse a los casos de mayor complejidad y deterioro de salud.
El problema es que hoy día esta necesidad sólo es cubierta por instituciones privadas (con precios inaccesibles para las familias más pobres) o por ONGs que dependen en gran medida de las donaciones para su financiamiento.
La pensión de una persona de la tercera edad no cubre ni la quinta parte de lo que se necesita para ser atendida con los cuidados profesionales mínimos.
Cabe preguntarse entonces si ¿podemos dar por caridad lo que nos corresponde asegurarles por justicia?Esto es lo que repetía sin cesar San Alberto Hurtado.
En este Mes de la Solidaridad el llamado que hacemos las instituciones ligadas a su figura es a hablar de justicia social.
No puede dejar de dolernos el reconocer a Cristo abandonado en más de 220 mil rostros de adultos mayores. ¿Qué estamos esperando?
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