Carta de don Pedro Valdivia Castillo
al Diario Digital "El mostrador.Cl"
20 agosto 2015
La conclusión de la cumbre antidelincuencia de hace unas semanas fue crear una comisión para visualizar en treinta días dónde está el problema de la delincuencia que afecta a nuestro país. No nos da muchas esperanzas aquello, porque ¿quién en este país no tiene claro lo que nos afecta cada día?
Los carabineros detuvieron a 15 mil delincuentes por robo hasta la fecha, de los cuales 7.800 son autores de más de cinco hechos similares. Estos policías entregan todo lo que tienen, hasta sus propias vidas, como el subteniente Óscar Muñoz, pero su labor está limitada al punto de no poder identificar a una persona porque algunos piensan que es un atentado a los derechos humanos. Y eso no es todo: deben quedarse viendo cómo aquellos que detuvieron en la mañana, en la tarde quedan libres y se les ríen en sus propias caras mientras van en camino de una nueva víctima.
El sistema judicial, por su parte, es garantista y se dedica a plantar la semilla para una impunidad que vemos todos en todas partes. Un ejemplo: un simple análisis del control de detención de la Fiscalía Santiago Oriente, del jueves 23 de julio pasado, arroja el resultado de 40 bandidos, 37 de ellos menores. ¿Cuáles son las consecuencias y “penas” de dicho control? Tres de los bandidos con privación de libertad, ocho firmando, otros tantos “no se pueden acercar a sus víctimas” y la guinda del postre: un menor que sólo tuvo que acreditar que va a su colegio. Para qué recordar a aquel delincuente arrepentido que se fue a entregar y no lo recibieron porque no llevaba su carnet. Para qué hablar de Hualpén: un menor detenido junto con su hermano mayor como autores de un asalto a un Servipag, donde quemaron a un inocente empleado que trató de impedir el asalto a su fuente de trabajo. La consecuencia de su “libertad” es que, al día siguiente, es nuevamente detenido cometiendo otro asalto mientras Carolina Peña, la esposa de esta nueva víctima, siente en carne propia el dolor de esta nueva injusticia.
Las autoridades sólo piensan en todo aquello que a la mayoría de los chilenos no les interesa, hasta tal punto que cuando a la Presidente alguien le grita que enfrente el problema, su respuesta es: “A mi hija también le pasó”.
Los parlamentarios viven preocupados durante ocho meses en las mil y una maneras de cómo salir de Penta, SQM, Caval, las boletas ideológicamente falsas, los dobles viáticos, etc. y tratando de justificar lo injustificable sin ponerse rosados, mientras la “Agenda corta antidelincuencia” es cada día más larga y la ley de seguridad privada va derecho a cumplir sus nueve años en el palacete de Valparaíso.
A las víctimas les queda el costo directo de las pérdidas de vidas, lesiones y bienes, y aquel indirecto, que es más perverso aún, como la sensación de impunidad, de injusticia, de burla, de impotencia creciente cada día.
El resto de nosotros parece que tendremos que quedarnos con el sonido de las cacerolas, las comunidades organizadas por WhatsApp y con el mensaje de Juan Luis Guerra en “Las avispas” cuando nos canta que “Jesús me dijo que me riera si el enemigo nos ataca y nos mortifica en la carrera, porque será él quien enviará las avispas para que los piquen, porque de quienes tienen que hacerlo poco o nada ya nos queda seguir esperando…”.
Hablar del aumento o disminución de los delitos según los números entregados por cualquier gobierno nunca será hacerlo con la verdad, porque sólo son un referente del 54% de lo que ocurre en las denuncias y en la victimización, que es ligeramente más objetiva. Tampoco es la verdad absoluta, porque dependerá de dónde y cómo se recaben esos números. Por ello, es innegable que la sensación de inseguridad es inmensamente superior a lo denunciado y se basa fundadamente en la increíble sensación de impunidad, generada exclusivamente por un sistema garantista que a esta sociedad le quedó demasiado grande.
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